Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi, dice que pertenecer a la denominada economía subterránea puede ser una ventaja.
En Colombia, ser empresario formal, es decir, cumplir con todas las normas no genera beneficios, sino perjuicios, porque quienes ejercen una actividad sin el lleno de las exigencias estatales, compiten de manera desigual, y ni siquiera pagan impuesto al Estado. En otras palabras, ser informal paga. Por lo anterior, muchos empresarios se preguntan si la ley es solo para los formales.
La inquietud, esta vez, la planteó Gonzalo Moreno, presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), el gremio que agrupa a los productores de pollo y huevo, quien reclamó por las normas que deben cumplir las empresas que ejercen la avicultura de manera legal.
Dentro del sector agropecuario, la avicultura es la que más aporta a la tributación del país, tanto en renta como en IVA, además que ofrece empleo formal a 400.000 colombianos.
“Esta expresión que repetimos en los diferentes espacios, debe ser comprendida por todos nosotros para dimensionar el impacto del término formalidad”, dijo Moreno en entrevista con Portafolio.
¿Cuántas normas debe cumplir el sector avícola?
Hemos identificado más de 30 normas que rigen al sector y que solo cumplimos los empresarios formales.
En primer lugar, las de tipo sanitario que comprenden entre otros las de bioseguridad.
Luego están las ambientales, que enmarcan los programas de uso eficiente del agua, las normas de uso del suelo como lo son los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), consultas previas y el reciente descubrimiento de planes de manejo arqueológico que están solicitando algunas corporaciones en Risaralda y el Valle del Cauca, manejo de residuos y regulación sobre el aire, dentro de las cuales se resalta la normatividad de emisiones atmosféricas y olores.
¿Hay más normas por cumplir?
Sí. Están las de inocuidad, como las regulaciones sobre plantas de beneficio, ovoproductos, clasificadoras y de producción primaria en el componente de alimento balanceado y de producto final que comprende las normas de etiquetado, rotulado, empaque y metrología.
También están las normas del componente laboral, dentro de las cuales se resalta la regulación laboral, de riesgos laborales, de seguridad y salud en el trabajo (este es un renglón que cobra cada vez más importancia por el costo de implementación al interior de las empresas, al tener que destinar personal especializado para su implementación), y las normas generales de seguridad social.
¿Las normas propias de las empresas también cuentan?
Sí, claro, como los deberes del comerciante consagrados en el Código de Comercio, la regulación en materia de sociedades para las personas jurídicas, de competencia, la ley de datos personales y el estatuto del consumidor.
¿Muchas normas por cumplir?
Bueno, no obstante que todas estas normas se encuentran en la regulación colombiana y son de obligatorio cumplimiento para los productores del sector avícola, hemos encontrado que existe una constante a lo largo del territorio nacional: solo la fiscalización y seguimiento al cumplimiento de las normas se da para las empresas formales.
¿Y para las informales?
Las entidades públicas de control centran su fiscalización en las empresas que son de fácil inspección (las formales), dejando a un lado las que no cumplen con ninguna normatividad, que pasan por debajo del radar y aprovechan en el mercado esta ventaja ilegal, mediante el ofrecimiento de productos a un menor precio, sin cumplir con los estándares mínimos para el consumidor.
¿Esto se da solo en el sector avícola?
Este fenómeno se traslada a cualquier otro sector de la economía colombiana, y está creando una cultura basada en donde pertenecer a esa economía subterránea genera una ventaja, ya que estar en la informalidad les genera ventajas competitivas y, además, hace ver a los que cumplen la ley como personas débiles en el mercado.
¿Hay ejemplos?
Está en el Decreto 1500 del año 2007, que crea el sistema de inspección, vigilancia y control de la carne (bovino, porcino, bufalino y avícola).
Las compañías se inscribieron una vez se expidió esta norma e iniciaron la costosa implementación de los requisitos, desde hace once años empezando a correr los términos de cumplimiento. Por otra parte, las que no empezaron a implementarlo, han tenido más de tres prórrogas de tiempo para su cumplimiento.
En conclusión, aquellos que hicieron cuantiosas inversiones se encuentran en una desventaja en el mercado, frente a aquellos que continúan vendiendo carne sin cumplir con ninguno de los requisitos sanitarios, convirtiéndose, además, en un verdadero riesgo para la salud de todos los colombianos.
Tomado de: Portafolio.co